Escrivá presume de crear medio millón de empleos desde la pandemia pero más de la mitad son públicos

El Gobierno presume de haber elevado en casi medio millón el número de afiliados a la Seguridad Social desde febrero de 2020, antes de la pandemia, hasta el 18 de abril, resaltando que se ha superado ya la cifra de 20 millones de afiliados. Sin embargo, más de 300.000 de esos puestos de trabajo creados son funcionarios: personal sanitario, trabajadores de la administración, y educación.

Según datos del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, donde más se ha incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social desde febrero de 2020 hasta abril es en el sector sanitario y servicios social, que ha ganado 145.474 personas. Se trata de personas contratadas en muchos casos por las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia. El problema es que no todas continuarán a partir del 30 de junio.

El segundo sector que más afiliados ha ganado es el de las administraciones públicas, que ha ganado otros 85.890 personas. Otras 74.000 son del sector de la educación.

Esto significa que el sector privado, que mide realmente el dinamismo de la sociedad, no ha recuperado todavía en importantes sectores la cifra de ocupados de antes de la pandemia. Es el caso de la hostelería, donde todavía hay 73.300 afiliados menos que antes del inicio de la crisis del coronavirus, o el sector de las finanzas, que pierde más de 13.000 afiliados sobre febrero de 2020 -aunque en este caso influyen las fusiones y la transformación digital-.

Junto a estos datos, como presume también Escrivá, es cierto que hay un aumento en el empleo técnico, más cualificado: comunicaciones, más de 76.000, y actividades profesionales, científicas y técnicas, 75.000.

Más empleo público, más gasto

Las consecuencias para las cuentas públicas de un incremento desmesurado del número de empleados públicos es evidente. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido de poner en marcha durante su mandato la mayor oferta de empleo público de la historia, con 110.000 nuevas plazas. Crece el gasto estructural, y si no va acompañado de un incremento de la actividad económica, hay riesgo de que el déficit no se corrija.

Y además de crecer en número, crece también por el lado del sueldo. Para este año, la subida de los salarios públicos aprobada en los Presupuestos Generales ha sido del 2%, pero la inflación está dejando en papel mojado esa cifra y golpeando el poder adquisitivo de los funcionarios. El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, ya ha advertido que quiere una revisión para este mismo año por la inflación -en marzo está en el +9,8%- e iniciar ya las negociaciones para cerrar la subida de 2023. Señalan que ya han perdido un 12% de poder adquisitivo durante los años de las crisis que ahora quieren recuperar.